La organización venezolana de defensa de derechos políticos y electorales Súmate anunció este martes la excarcelación definitiva de su coordinadora nacional, Nélida Sánchez. Un tribunal en Venezuela le otorgó libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. La decisión pone fin a un proceso judicial que mantuvo a la activista privada de libertad durante aproximadamente un año y cinco meses. Durante ese tiempo, estuvo recluida en las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en Caracas.
El fallo judicial que concede la libertad plena
El Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio dictó el sobreseimiento por extinción de la acción penal en favor de Sánchez. Este tribunal tiene competencia en delitos vinculados al terrorismo. La sentencia fue emitida el 31 de marzo de 2026. Sin embargo, la activista recibió la notificación oficial el lunes 6 de abril. A partir de esa fecha, goza formalmente de libertad plena.
Según informó Súmate a través de su cuenta en la red social X, el fallo extingue los cinco cargos que pesaban sobre Sánchez. Estos cargos eran: terrorismo, asociación para delinquir, conspiración, traición a la patria e incitación al odio. Venezuela registró su detención el 26 de agosto de 2024. Ocurrió en medio de la turbulencia política que siguió a las elecciones presidenciales del 28 de julio de ese mismo año.
Una detención vinculada a la crisis electoral en Venezuela
El arresto de Sánchez se enmarcó en la oleada de detenciones que Venezuela vivió tras los comicios del 28 de julio de 2024. En ese proceso, el Consejo Nacional Electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro. Amplios sectores de la oposición rechazaron y cuestionaron ese resultado abiertamente. En ese contexto, la coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de Súmate fue detenida. La trasladaron a El Helicoide, la conocida sede del Sebin en Caracas, donde permaneció recluida durante alrededor de dieciocho meses.
Durante su encarcelamiento, el caso de Sánchez llegó a los organismos internacionales. En septiembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares. El organismo consideró que la activista se encontraba en una «situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos». Por tanto, esta resolución visibilizó su caso a nivel continental.
Del Helicoide a las medidas cautelares
El 10 de febrero de 2026, Sánchez salió de El Helicoide. Sin embargo, permaneció sujeta a medidas cautelares hasta que el tribunal emitió su sentencia definitiva el 31 de marzo. A partir de la notificación oficial del 6 de abril, la activista quedó completamente libre de toda restricción judicial.
La Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática fue aprobada el 19 de febrero de 2026. Las autoridades de Venezuela la presentaron como un mecanismo para promover el reencuentro y la convivencia democrática. No obstante, la ley contempla un período de aplicación de 27 años —desde 1999—. Además, establece que el beneficio solo se otorgará a personas vinculadas con 13 eventos específicos. Esto deja fuera una parte considerable del período contemplado, así como expedientes relacionados con operaciones militares y corrupción.
Súmate exige continuidad en la aplicación de la amnistía
Tras conocerse la resolución judicial, la Asociación Civil Súmate hizo un llamado público a los tribunales venezolanos. Les pidió que continúen procesando las solicitudes de amnistía pendientes. «Exhortamos a los tribunales competentes a continuar dando respuesta a las solicitudes de amnistía introducidas en el marco de esta legislación, con lo cual estarán contribuyendo en gran medida a la materialización del proceso de reconciliación nacional», señaló la organización en su comunicado.
Las cifras del proceso de amnistía en Venezuela
Los datos sobre el alcance real de la ley varían según la fuente consultada. Según el último reporte de la comisión parlamentaria presidida por Jorge Arreaza, hasta el 26 de marzo se habían registrado 8.146 personas con libertad plena. De estas, 310 estaban detenidas por razones políticas y 7.836 se encontraban bajo medidas cautelares. Por su parte, el Parlamento venezolano había divulgado previamente la cifra de 8.416 personas con libertad plena.
Sin embargo, las cifras de organismos independientes difieren notablemente. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) contabilizó 758 excarcelados hasta el 31 de marzo. Por otro lado, la ONG Foro Penal reportó que en Venezuela permanecían 490 personas detenidas por motivos políticos. De estas, 165 ya habían sido condenadas y 325 permanecían sin condena.
Las autoridades de Venezuela no han publicado una lista oficial con los nombres de los beneficiarios de la amnistía. Esto dificulta la verificación independiente de las cifras. Además, genera discrepancias entre los distintos actores que monitorean la situación de los presos políticos en el país.
Súmate: una ONG en el centro del debate político venezolano
Súmate es una organización no gubernamental venezolana dedicada a la defensa de los derechos políticos y electorales de los ciudadanos. Su labor la ha situado frecuentemente en el centro del debate político en Venezuela, especialmente en períodos de crisis institucional vinculados a procesos electorales. El caso de Nélida Sánchez ilustra la presión que han enfrentado activistas y representantes de la sociedad civil en Venezuela durante el período posterior a las elecciones presidenciales de julio de 2024. Su excarcelación representa, por tanto, un avance concreto dentro del proceso de amnistía que atraviesa el país.
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